Opinión

SADOP: “El gobierno no comprende la diversidad ni genera acciones para un mundo más justo”

Por la profesora Sandra Ferrero (*)

El gobierno entiende que centralizar en un único organismo cuestiones vinculadas a la discapacidad y eliminar organismos que ya venían funcionando de manera positiva es propiciar políticas públicas.

El miércoles 6 de septiembre el gobierno nacional creó la Agencia Nacional de Discapacidad por decreto 698/2017. Se trataría de un organismo cuyas tareas serán elaborar y ejecutar políticas públicas en materia de discapacidad y otorgar pensiones por invalidez.

“Resulta necesario centralizar en un único organismo especializado todas las cuestiones vinculadas a las personas en situación de discapacidad, propiciando un conjunto de políticas públicas tendientes a la plena inclusión, en un marco de accesibilidad universal, autonomía e igualdad de oportunidades”, remarcó el gobierno en los fundamentos.

¿Igualdad de oportunidades o justicia social?

Justicia social implica mejor distribución económica, mejor reconocimiento del valor de las diferencias y mayor representación en la vida social (Cuenca, 2012).

La justicia social se puede concebir restringidamente como aceptación, comprensión de la diversidad, la creación de un mundo justo y la corrección de las desigualdades o acciones morales (Martínez, 2015; North, 2008).

Este gobierno no está comprendiendo a la diversidad ni está generando acciones para un mundo más justo.

La agencia creada recientemente por el gobierno asumirá, entonces, las funciones que hasta ahora desempeñaban la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Dispacidad (Conadis) y la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales. Ambos cuerpos fueron eliminados por el gobierno, que además le quitó al Ministerio de Desarrollo Social la competencia de trabajar en políticas orientadas al desarrollo de personas con discapacidad.

La conducción de la Agencia Nacional de Discapacidad estará a cargo de un director ejecutivo, con rango y jerarquía de secretario, y un subdirector ejecutivo, con rango y jerarquía de subsecretario. Ambos serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional. El texto oficial aclara que el organismo “tendrá autarquía económico financiera y personería jurídica propia”.

Este decreto hace hincapié, además, en que “la integración plena y la efectiva participación de las personas en situación de discapacidad en sociedad, en igualdad de condiciones, constituye un imperativo del Estado que impide ajustarse a los tiempos previstos para la sanción por vía ordinaria de una ley”.

En primer lugar cabe aclarar que hablamos de inclusión y no de integración; en segundo lugar, este gobierno habla de políticas públicas olvidando rápidamente que la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad fue aprobada mediante una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 y aprobada por el Congreso a través de la Ley 26.378, no empezamos a pensar ahora en discapacidad e inclusión; y en tercer lugar, no cumple con las leyes plasmadas en la Convención, entonces ¿de qué políticas públicas hablamos?

El 14 de junio de 2011, por el decreto 806/2011 de Presidencia de la Nación, se creó el Observatorio de la Discapacidad, dentro del ámbito de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad. ¿Qué modificación tendrá este instrumento?

Esta improvisación constante y eliminación permanente de proyectos que venían funcionando con resultados positivos, no hace más que generar incertidumbre en las personas en situación de vulnerabilidad a la hora de pensar en la inclusión en todos sus aspectos.

(*) Asesora en educación especial de SADOP.

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