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“No Lousteau, no está bien”, le responden al legislador la CTA bonaerense y ATE Capital

En el marco del debate parlamentario por la aprobación del presupuesto 2019, el diputado Martín Lousteau utilizó como argumento para bajar el gasto del Estado nacional la necesidad de reducir la cantidad de pensiones por discapacidad otorgadas por considerar que no coincidían con un lógico porcentaje poblacional. Estas polémicas declaraciones generaron un enérgico documento que firman entidades de personas con discapacidad, la Central de Trabajadores Argentinos de la provincia de Buenos Aires y ATE Capital, que salieron al cruce de la baja de pensiones que lleva adelante el gobierno nacional vulnerando los derechos del eslabón más débil de la sociedad.

El documento lleva como título “No Lousteau, no está bien” y se realizó con el objetivo de repudiar los dichos del legislador radical. “Para evaluar la cantidad de pensiones se debe ver qué oportunidades tienen esas personas de vivir con dignidad y autonomía teniendo derecho a un trabajo genuino y a una protección social que esté conforme con la dignidad inherente de la persona humana”, señala el comunicado para refutar el parámetro de “normalidad” que utilizó Lousteau.

En la actualidad, existen alrededor de 1.020.000 pensiones por discapacidad otorgadas y cerca de 200.000 en evaluación desde hace dos años sin respuesta del Estado nacional. “Lousteau dice que ‘debemos revisar cómo gastamos el dinero y ser rigurosos’ porque el número actual ‘no es normal’. ¿Qué es lo ‘normal’, Lousteau? Precisamente, lo que el mercado establece como ‘cuerpo normal’ es la verdadera barrera que excluye a las personas con discapacidad, vistas como improductivas e incapaces, de cualquier oportunidad de desarrollar un trabajo digno”, continúa el documento que también lleva la firma de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad.

“Torpemente y mediante el engaño, el diputado intenta abonar a la campaña de desprestigio que desde el gobierno pretenden instalar respecto de las pensiones no contributivas, y al describirlas como un gasto deposita a las personas con discapacidad como una carga, tal como los regímenes totalitarios lo han hecho a lo largo de la historia; y como vagos, enlazando el viejo discurso de la prescindencia con la falaz estereotipación de la que el macrismo ha hecho una de sus principales espadas discursivas. La operación sigue siendo la misma: sembrar dudas acerca de la legitimidad de las pensiones para justificar recortes, estigmatizando al colectivo de personas con discapacidad, largamente invisibilizado y objeto de vulneración de los derechos más básicos”, afirma la contestación en su párrafo más contundente.

Por último, los organismos expresan: “Invitamos al señor legislador a que se informe respecto de la real situación de las personas con discapacidad, contribuya a derogar el decreto 432/97 (inconstitucional por ser previo y contrario a la Convención) para establecer nuevas condiciones que respeten la autonomía de las personas con discapacidad y trabaje para que se cumpla el cupo del 4% de personas con discapacidad en el Estado, cuyo cumplimiento está debajo del 1% y, con el congelamiento de vacantes en el Estado, lejos está de materializarse”.

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