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Los abogados del Estado defendieron la estabilidad laboral de los empleados públicos

El secretario general de la Asociación Gremial de Abogados del Estado (Agae), Rubén Ramos, aseguró hoy que “la estabilidad absoluta del empleado público no surge de ninguna ley sino del artículo 14 bis de la Constitución Nacional” y señaló que el sindicato que conduce comparte “la necesidad de tener una planta de trabajadores idónea, técnicamente calificada y adecuada al cumplimiento de las funciones estatales”.

Ramos, quien hace pocas semanas presentó a la nueva organización gremial, repudió “el clientelismo” en el Estado y sostuvo que “no le consta la existencia de ñoquis o funcionarios sin tareas asignadas o superpuestas”, pero reafirmó que si esta situación existiese tampoco comportaría “un elevado porcentaje” de empleados públicos.

De esta manera, el dirigente rechazó un editorial publicado este mes en un diario nacional y titulado “Terminar con los ñoquis y el empleo público superfluo”.

“Se trata de un tema que discurre por carriles distintos al de la estabilidad de ese empleado. Ese editorial deslizó consideraciones sobre la necesidad de disminuir el gasto público y reducir el déficit fiscal, y mencionó como principal causa del actual desequilibrio financiero el aumento del número de trabajadores a nivel nacional, provincial y municipal”, explicó Ramos.

El secretario general del flamante sindicato también sostuvo que “un alto porcentaje de ese personal es militante político, amigo del poder, ñoqui o, sin serlo, no tiene funciones o las duplican”.

El dirigente sindical condenó también que el editorial se preguntase “por qué debe seguir manteniéndose una ley de estabilidad del empleado público que representa un cáncer para el Estado, además de ser discriminatoria del resto de los trabajadores”.

Ramos explicó que la estabilidad del empleado público fue reafirmada por la Corte Suprema y destacó que “las prácticas contrarias a esa estabilidad, y sus comprobados resultados políticos negativos en el resguardo de los fines públicos no conducían a otro puerto que al deterioro de la función pública, con notorio perjuicio sobre sus destinatarios, es decir, los administrados”.

“Este y anteriores gobiernos, lejos de cumplir con la estabilidad del empleado público, recurrieron con el respaldo de normas inconstitucionales a figuras contractuales de derecho público y privado que la burlaron, y lograron utilizar como botín de guerra político ese cargo público. Esos trabajadores tienen un rol fundamental en la tarea de asegurar un ejercicio eficaz, neutral, objetivo y no arbitrario de los poderes públicos”, puntualizó el gremialista.

Por último, Ramos se preguntó si “no habrá llegado el momento de desterrar esas prácticas y efectivizar la estabilidad del empleado público y su profesionalización con vistas al desarrollo de una verdadera carrera administrativa con salarios dignos”.

La Asociación Gremial de Abogados del Estado (Agae) agrupa a los letrados que prestan servicios en relación de dependencia en la administración pública nacional, tanto la centralizada como la descentraliza a lo largo y ancho del país.

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