Provinciales

La Fesimubo obtuvo un fallo favorable de la Suprema Corte

La Suprema Corte de Justicia bonaerense suspendió más de 20 artículos de la reglamentación de la ley 14.646 que había promulgado por decreto el gobierno de María Eugenia Vidal. Se trata de la norma más importante de la historia gremial de los trabajadores municipales que contempla los convenios colectivos de trabajo y las paritarias.

Esta ley fue impulsada por la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerense (FeSiMuBo) y sancionada en 2014. Luego, a poco iniciada la administración de Vidal, se elaboró una reglamentación que atenuaba las exigencias de la norma y restaba poder de negociación a los sindicatos. Ante esta situación, la Fesimubo, que lidera Rubén “Cholo” García, elevó un reclamo judicial para que se determine la inconstitucionalidad de esa reglamentación.

Así las cosas, la novedad es que la Suprema Corte suspendió los efectos de 22 de los poco más de 30 artículos que contiene la reglamentación al sostener que “la norma pudo haber modificado el espíritu de la ley, afectando a las autonomías municipales y el poder de negociación de los gremios”.

En otro párrafo, el máximo tribunal consideró “verosímil” el planteo del sindicato de municipales, que sostiene que la reglamentación excede la potestad del Ejecutivo, por cuanto modifica el espíritu de la ley aprobada por la Legislatura.

En sus consideraciones, los jueces indicaron que “los preceptos legales alcanzados por el decreto objetado refieren a componentes propios del poder normativo municipal, o bien, el cometido de las negociaciones colectivas”. Además, señalaron que la disposición “exhibe prima facie una inviabilidad constitucional que las priva de la presunción de validez”, toda vez que muestra un “exceso reglamentario” que “puede condicionar o afectar de modo no autorizado el poder de negociación colectiva de las entidades gremiales”.

La Fesimubo espera que el gobierno provincial ahora la convoque a dialogar para generar la reglamentación final de la ley, que estipula la creación de un consejo provincial que analice el salario de los municipales y un convenio colectivo de trabajo en cada municipio.

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