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Contundente rechazo de los trabajadores al acuerdo con el FMI

En el marco de la visita de la directora gerente del FMI Christine Lagarde al país, dirigentes de la CGT, la CTA, organizaciones de la economía popular y de derechos humanos elaboraron un documento de rechazo al acuerdo refrendado por el gobierno de Mauricio Macri con el organismo de crédito internacional.

“El propósito de esta comunicación es informarle que dicho acuerdo es rechazado por la mayoría de la sociedad argentina, la oposición política con representación parlamentaria mayoritaria y casi la totalidad de las organizaciones sociales y políticas del país”, expresa la declaración en sus primeros párrafos.

“Comprenderá usted que, por tanto, se trata de una decisión no sólo inconsulta sino que además configura una clara violación de los compromisos asumidos por actual gobierno con una sociedad que lleva en su memoria el desastroso papel jugado por el FMI a lo largo de nuestra historia. Esta circunstancia pone claramente en cuestión la legitimidad del acuerdo”, agrega.

“Debemos también poner en conocimiento del FMI que en vistas de esta situación, se le exigió públicamente al gobierno desde múltiples sectores que el acuerdo, los montos del empréstito, los términos y condiciones aceptadas fueran sometidas a la discusión y aprobación del Parlamento. Es que según el artículo 75 de nuestra la Constitución Nacional ‘corresponde al Congreso contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación y arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación'”, continúa el texto.

La declaración también criticó el uso del préstamo. “La aplicación de los fondos en estos días contradice claramente no sólo la búsqueda del desarrollo humano integral en la Argentina sino los preceptos y objetivos del FMI”, expresa y añade: “Consideramos que de no tomar inmediatas medidas ello no excusará a usted y al directorio de su corresponsabilidad en el desfalco que se realiza con fondos del empréstito en favor de grupos financiero – especulativos privilegiados y en las desastrosas consecuencias sociales que traerá este acuerdo, en particular para los sectores más empobrecidos. Basta para comprenderlo un ejemplo: diariamente se están rifando entre 100 y 150 millones de dólares del empréstito, mediante el cuestionable mecanismo de subastas, al que sólo acceden empresas financieras cartelizadas que compran dólares y luego provocan su suba para aumentar su rentabilidad”.

La temática inflacionaria también fue abarcada por el documento: “El actual gobierno colocó a la tasa de interés en el mercado interno en niveles elevadísimos. Los más altos del mundo. El propósito declarado por el gobierno era reducir la inflación. Aquel objetivo nunca se logró ya que la inflación alcanzó según la oficina de estadísticas de la ciudad de Buenos Aires el 41% el primer año, el 26,1% el segundo y acumula ya 15% en los primeros seis meses de 2018, totalizando más de 107,5% desde la asunción de Macri. Un nivel también récord. Sin embargo, lo que sí produjo esa elevada remuneración es una inmensa acumulación de pasivos por parte del BCRA, cuyo volumen llegó a 1,2 billones de pesos, una suma mayor que la base monetaria completa y el total de las reservas internacionales. Una verdadera bomba de tiempo financiera”.

El documento dado a conocer deja en claro quiénes son los grandes beneficiarios de esta política gubernamental: “El déficit fiscal al que se apela para justificar la colocación de deuda es en gran medida producto de una serie de decisiones gubernamentales destinadas a aumentar la rentabilidad de sectores económicos concentrados, cuyos privilegios viene a financiar este nuevo empréstito. El caso emblemático son los beneficios impositivos otorgados al complejo de los grandes agroexportadores y corporaciones mineras. La quita generalizada de retenciones ya produjo pérdidas al Estado valuadas en USD 5.500 millones, que quedaron en muy pocas manos. En el mismo sentido, la eliminación de las obligaciones vinculadas a la liquidación local de las exportaciones en plazos razonables tuvo como consecuencia una conducta especulativa que agravó esta injusticia distributiva en perjuicio del país: las divisas se retuvieron en el exterior para forzar un tipo de cambio más favorable a sus intereses, al racionar la oferta de dólares en la plaza local. La misma lógica puede aplicarse al resto de las actividades extractivas y los privilegios impositivos que beneficiaron a los sectores más acomodados como la reducción de impuestos a los bienes personales. Lejos de corregir estas injusticias que distorsionan las cuentas públicas, las medidas establecidas en el Memorándum y el Acuerdo las agravan”.

Por último, la declaración llama la atención sobre quiénes serán los más perjudicados: “Queremos alertar al directorio sobre la explosiva situación social que vive la Argentina y que seguramente se agravará a medida que se apliquen las medidas pactadas. Buscar el equilibrio fiscal ajustando el gasto social conduce al debilitamiento del mercado interno con dinámica de círculo vicioso. Las tan publicitadas ‘salvaguardas’ que establece el acuerdo aplicables ‘en caso de que las condiciones sociales empeoren’ parecen una burla a quienes hoy ya ven peligrar sus haberes jubilatorios, salarios, empleos o directamente sufren hambre. Si se distribuyera la suma establecida como ‘salvaguarda’ entre los 13 millones de pobres durante los 6 meses que restan a 2018, son 6 dólares mensuales que alcanzan para consumir menos de dos kilos de pan per cápita al mes, en un contexto de suba generalizada de precios que afecta particularmente los alimentos, el trasporte público y los servicios esenciales. Es evidente que nada de ello permitirá atenuar una catástrofe anunciada”.

Entre los firmantes de este documento se destacan Adolfo Pérez Esquivel, Juan Carlos Schmid, Héctor Daer, Esteban Castro, Sergio Palazzo, Hugo Yasky, Pablo Micheli, Pablo Moyano, Hugo “Cachorro” Godoy y Sonia Alesso.

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