Análisis

Año nuevo con más ajuste y despidos en la Nación, la Provincia y varios municipios

El gobierno nacional decidió hacer un importante ajuste para reducir el déficit fiscal y, nuevamente, eligió a los trabajadores como variable. Las primeras cesantías las efectivizó el Estado nacional, luego continuó la gobernadora Vidal y, por último, se sumaron varios intendentes de municipios bonaerenses; todos acordaron echar empleados.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) denunciaron 1200 despidos en los últimos días que se concretaron recientemente en 15 organismos, como sucedió en el Sistema Federal de Medición de Audiencias (Sifema), a cargo de Hernán Lombardi, que echó a 180 trabajadores.

Le siguen el Ministerio de Defensa con 410 cesanteados, la Enacom con 108 empleados en la calle, el Ministerio de Energía y Minería de Juan José Aranguren con la baja de 140 contratos y la cartera de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra, con 10 despedidos, por citar sólo algunos ejemplos.

La gobernadora María Eugenia Vidal llevó adelante la misma receta, aunque sus medidas fueron invisibilizadas por los medios de comunicación. Durante diciembre y los primeros días de enero, el nivel de conflicto que rodeó a los trabajadores que responden al ejecutivo provincial fue muy alto.

Docentes, trabajadores estatales, judiciales, médicos y enfermeros de los hospitales públicos, empleados del Banco Provincia, entre otros, protagonizaron paros, acampes y movilizaciones que trataron de impedir el brutal recorte llevado a cabo por la primera mandataria bonaerense.

Sólo esta semana, 190 familias quedaron desafectadas de la Unidad Ejecutora Provincial, el organismo se encarga de las licitaciones para arreglar escuelas primarias, secundarias y jardines de infantes. Sus trabajadores pasaron las fiestas realizando una toma pacífica de las instalaciones de esa desguazada dependencia. En el Hipódromo de La Plata echaron a 100 personas y, a esta ola de despidos, se suman los 7 mil docentes que, según Suteba, se quedaron sin contrato antes de finalizar el 2017.

Por el lado de los municipios, el panorama es similar. Sólo en Quilmes, Morón y Tres de Febrero no se renovaron los contratos de 1300 empleados, según denunció ATE. En la comuna que gobierna Martiniano Molina, el 1 de enero se dejaron sin renovar un total de 445 contratos. En Morón, el distrito conducido por Ramiro Tagliaferro, la planta total es de 4560 empleados y el 31 de diciembre se dejaron caer otros 400 contratos. Por su parte, en Tres de Febrero, se estima que el gobierno de Diego Valenzuela dejará sin renovar alrededor de 400 puestos de empleo en el 2018.

La realidad pone de manifiesto un comienzo de año plagado de conflictos laborales, acompañados por aumentos en los servicios públicos y la nafta, lo que repercutirá, sin dudas, en la canasta familiar. Por delante, las organizaciones sindicales tendrán una tarea titánica para impedir que estas medidas de ajuste se sigan incrementando.

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