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Absolvieron a los trabajadores de Perfil procesados por ejercer el derecho de huelga

Tras casi cinco años de trámite judicial, finalmente ayer al mediodía la Justicia dictaminó la absolución de los trabajadores de la Editorial Perfil que, en el 2013, fueron procesados tras impulsar una protesta para repudiar despidos arbitrarios en la empresa periodística.

Como represalia, luego de aquel reclamo, el empresario Jorge Fontevecchia -titular de Perfil-, argumentando que la protesta atentaba contra la libertad de prensa, había iniciado una causa penal contra los delegados, poniendo en serio peligro el derecho a la huelga y organización gremial. Ese proceso concluyó ayer con los trabajadores absueltos.

En declaraciones radiales, el secretario de organización del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) y delegado de la TV Pública, Agustín Lechi, expresó que “la criminalización de la protesta excede al gremio de prensa, es cada vez más generalizado y grave”. A su vez, agregó que “lo que dicen las patronales, a través de ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas), es que cinco personas atentaron contra la libertad de expresión y la verdad es que es al revés; ellos avasallan la libertad de expresión cuando despiden a los periodistas”.

Los 13 despidos que realizó la empresa en 2013 fueron durante el proceso de una elección gremial y frente a ese ataque a la organización sindical, los trabajadores decidieron hacer un cese de tareas, y llamar a la asamblea que decidió ir al paro.

Agustin Lechi explicó que esas son las únicas herramientas con las que cuentan los trabajadores para reclamar y que “obviamente va a afectar la normal actividad y salida del diario, pero es la única posibilidad que tenemos para defender nuestros derechos. Ellos (la patronal), en lugar de llevar esos conflictos a ámbitos donde se discute colectivamente, deciden judicializarnos como si fuéramos criminales”.

Luego de las declaraciones testimoniales y alegatos, la lectura del veredicto por parte del juez Walter Candela indicó que el reclamo gremial no implicó ningún delito.

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